En una publicación reciente sobre los problemas ambientales de Puerto-Príncipe (Holly, 1999), los ejecutivos y profesionales haitianos hacen un severo balance de la situación de la capital haitaina : « Los hechos estan allá, el desastre que caracterisa la situación de la zona metropolitana es el resultado de un método de gobernar: el dejar-hacer generalizado. Con frecuencia, los reglamentos administrativos, las leyes y otras disposiciones legales son violadas e irrespetadas con total impunidad, contando siempre con la bendición de los dirigentes políticos de las diferentes tendencias» (Holly, p. 2). Este documento parece una contradicción en el sentido que, en un contexto de inestabilidad política y de crisis económica y social generalizada, un grupo de hombres (y de mujeres, apesar que sus nombres no aparecen en el texto), han logrado publicar este diagnóstico tan crítico. Esto refleja bien la realidad haitiana, donde, en la ausencia de instituciones estables y de un cuadro legal respetable, son las personas finalmente las que cuentan (reagrupadas en asociaciones, en grupos de trabajo gobernamentales o no, o bien en las múltiples micro-redes sociales).